La industria del juego en México vive anclada en una paradoja. Si bien el Gobierno Federal reconoce que las leyes que la regulan son obsoletas… ¡No presenta un plan para modernizarlas!
¿Cuáles son las consecuencias de dicha dejadez? La incertidumbre regulatoria que sobrevuela el país a menos de un año de la celebración de la Copa del Mundo de fútbol 2026.
La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó la semana pasada el interés por reformar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, un marco legal que sigue vigente ¡desde 1947!
Sin embargo, la administración no ofrece una fecha concreta para implementar dicha reforma, limitando el potencial de una de las industrias de más rápido crecimiento en el país.
El reconocimiento oficial de un problema de 78 años
Durante un discurso ante la Cámara de Diputados, Rodríguez enfatizó la urgencia de su modernización:
Han pasado setenta y ocho años desde que se promulgó esta ley, y no se ha actualizado a pesar de los avances tecnológicos que han transformado el sector. Nuestro objetivo es dar certidumbre legal a los operadores, garantizar protecciones a los consumidores y asegurar que el Estado pueda combatir eficazmente las prácticas ilícitas, como el lavado de dinero.
A pesar de este reconocimiento, la Ley de 1947 sigue siendo el único marco de referencia, lo cual, según los expertos del sector, ya no es viable para los consumidores modernos.
La tensión fiscal: El “megaimpuesto” que niega la inversión
La incertidumbre regulatoria se complica con una medida fiscal que amenaza con congelar la inversión en el sector.
El proyecto de presupuesto para 2026 de Claudia Sheinbaum, actual Presidenta de la República, incluye un “impuesto al pecado” sobre el juego. ¿Con qué intención? Duplicar la carga fiscal del sector hasta un 50% sobre el ingreso neto.
La propuesta se presentó sin una consulta previa sobre el negativo impacto económico que podría tener sobre la industria y con diferentes actores señalando que la medida es contraproducente. Es el caso de Etna Rueda, Directora de Operaciones Online en Big Bola Casino:
Una carga fiscal del 50% niega la inversión en México. Lejos de estimular el crecimiento o impulsar los ingresos, se corre el riesgo de empujar a los jugadores hacia operadores sin licencia que no contribuyen ni a la economía ni a la protección del consumidor.
AIEJA y Codere: la reforma es una necesidad, no un capricho
La Asociación de Permisionarios y Proveedores de la Industria del Entretenimiento y Juegos de Apuesta (AIEJA), principal organismo gremial, lidera la campaña por la modernización. De hecho, el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ochoa Sánchez, insistió en que unas reglas claras traerían amplios beneficios económicos:
Con reglas claras, el Estado gana estabilidad, los operadores ganan certeza y los consumidores ganan protección. Sin reforma, México corre el riesgo de quedarse atrás respecto a sus pares en Hispanoamérica.
El riesgo de inacción es particularmente grave debido al próximo Mundial de la FIFA 2026. Aviv Sher, CEO de Codere Online, alertó que la situación expone peligrosamente al mercado:
No podemos resistir indefinidamente la incertidumbre en las reglas del juego. Las responsabilidades de México en materia de juego y apuestas estarían peligrosamente expuestas si el marco regulatorio no se corrige antes de la Copa del Mundo 2026.
La pelota está en la cancha del gobierno
Aunque el Gobierno de MORENA y la SEGOB han confirmado que la Ley de 1947 es obsoleta, la falta de un calendario oficial para 2026 mantiene a la industria en vilo.
La decisión final recae en la Presidenta Claudia Sheinbaum y el Ministro de Finanzas, Édgar Zamora. Ambos deben equilibrar el objetivo de recaudación con la necesidad de garantizar un entorno regulado que fomente la inversión y proteja a los consumidores, especialmente antes de que el país se convierta en un foco global de apuestas.
Por ahora, la saga de la reforma del juego en México continuará, sin fecha de finalización a la vista…
