Las autoridades mexicanas han ordenado la clausura de 13 casinos tras descubrirse presuntas operaciones destinadas a canalizar grandes sumas de dinero al extranjero.
Según fuentes oficiales, el cierre de los establecimientos deriva de meses de investigación en los que se rastreó el recorrido de fondos movidos a través de transacciones en casinos antes de ser enviados fuera del país.
Los investigadores detectaron indicios de que los operadores podrían haber encubierto pagos ilícitos presentándolos como ganancias legítimas de juego. Las autoridades señalaron que las pruebas recopiladas durante la investigación motivaron directamente las actuaciones llevadas a cabo esta semana.
De acuerdo con la fiscal jefe en materia tributaria, Grisel Galeano, el proceso comenzaba en muchos casos con el uso de identidades robadas. Estudiantes, amas de casa y personas jubiladas con recursos limitados recibían tarjetas prepago o códigos electrónicos de procedencia desconocida.
Con ellos realizaban apuestas mínimas en un casino y, una vez registradas, el establecimiento habría consignado premios ficticios de millones de pesos a nombre de esas personas.
Posteriormente, el dinero se transfería a empresas pantalla en el extranjero, pasaba por paraísos fiscales y regresaba a México a través de esas mismas sociedades u otros canales corporativos.
La manipulación de los sistemas de pago y de los registros de identidad ha puesto de relieve carencias regulatorias, especialmente en los mecanismos de verificación y autorización de premios en los casinos físicos.
También puesto en el foco la necesidad de que los propios casinos implementen más métodos para la prevención de blanqueo de capitales y de la importancia de que los jugadores recurran a operadores de juego regulados.
Grupo Salinas niega irregularidades
Grupo Salinas, el conglomerado propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, confirmó que dos de sus casinos figuran entre los establecimientos suspendidos.
La compañía negó cualquier conducta ilegal y calificó la actuación como una forma de hostigamiento gubernamental. Salinas, crítico habitual del Ejecutivo, mantiene desde hace años enfrentamientos con el Gobierno de Claudia Sheinbaum en materia fiscal y regulatoria.
Las suspensiones coincidieron con otro revés judicial para el grupo: la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó siete de los nueve recursos presentados por empresas vinculadas a Salinas en relación con deudas fiscales superiores a 2.600 millones de dólares, acumuladas desde hace más de una década.
Aunque dos casos siguen pendientes, el grupo sostiene que se trata de una doble imposición y no descarta acudir a instancias legales internacionales.
